Bullying o matoneo escolar.

El interés superior de los niños debe ser el principio rector de quienes tienen a su cargo la responsabilidad de su educación. Sin embargo muchas veces para los rectores y profesores de colegios e instituciones de enseñanza, pasan inadvertidas o no les dan importancia a las múltiples modalidades de matoneo o bullying que sufren los jóvenes durante las horas que deberían ser dedicadas al estudio y los juegos propios de la edad escolar.

El Artículo 44 del Código de la Infancia y la Adolecencia- Ley 1098 de 2.006-, reza que son derechos fundamentales de los niños: “ (…) la vida, la salud, la alimentación, su nombre y nacionalidad, tener una familia, (…)” etc. Y dice expresamente: “(…) los niños serán protegidos contra toda forma de VIOLENCIA FÍSICA O MORAL. (...)”, es decir deben ser defendidos del bullying o matoneo, ya sea de sus compañeros, profesores o cualquier otra persona, en este caso mientras permanecen en las instalaciones de la entidad educativa.

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de proteger a los menores y hacer   respetar sus derechos ( Artículo 3 Ley 1620 de 2013), cuando estos fueren vulnerados o amenazados por acción u omisión  y les impida, con esos actos, el desarrollo armónico e integral de su personalidad por que la Ley busca es que todos los niños crezcan  en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.

El matoneo se da de varias formas: como la burla constante por algún defecto físico, por agresiones verbales, lesiones físicas o  daños en las posesiones del otro, acoso, violación de la libertad religiosa, injurias, calumnias, falsas acusaciones y otras muchas modalidades que le causan a la víctima dolor,  tristeza, impotencia, inseguridad y conducen al aislamiento progresivo y afectan seriamente su autoestima y el desempeño académico y social del afectado.

Los padres o acudientes del niño víctima del matoneo deben informar y reclamar el procedimiento necesario de las autoridades de la Institución, para que tomen medidas cautelares inmediatas y frenar lo más pronto posible esa situación. Es la institución educativa  principalmente  y  las instituciones administradoras garantes del servicio público de educación, Ministerio de Educación y quien haga sus veces a nivel municipal,  quienes tienen obligación de imponer las sanciones correspondientes.

Si el Colegio no actúa  con la pertinencia  debida para el caso y  el sujeto pasivo es un menor de edad, no es necesario instaurar una querella para iniciar la  acción penal contra los agresores con el fin de que reparen  los daños ocasionados en la integridad y en la  honra. Se puede  interponer una acción de tutela  y así evitar un perjuicio irremediable.

Ahora es pertinente preguntarse: ¿Son imputables los jóvenes agresores?.  Según la Constitución, el que cause a otro daño en el cuerpo, la salud o lo lleve a perturbación psíquica, incurrirá en el delito de lesiones personales cuyas sanciones pueden ir desde detención carcelaria hasta multas correspondientes a la gravedad del delito.

Sin embargo los niños y adolecentes son  procesados  a través de un sistema especializado  parecido  al proceso acusatorio penal,  pero que cuyas sanciones  son impuestas por el ICBF con el fin de educar al agresor o delincuente. En todo caso, cabe aclarar que  si el niño o adolecente carece de capacidad de comprensión de las consecuencias de sus actos  por inmadurez,  ya sea física o mental, en ese caso  es inimputable.

El sistema de Responsabilidad Penal para Adolecentes  y Menores de Edad afirma  que tanto el proceso como las sanciones, deben ser de carácter pedagógico y social.  En el proceso penal para niños y jóvenes, es a través del incidente de reparación mediante el cual  se resarcirán los perjuicios causados.

Cabe aclarar que independiente de las sanciones pecuniarias hacia los padres y la institución educativa, los padres o representantes legales del niño, niña o adolecente infractor, tienen la responsabilidad civil de responder por la conducta de sus hijos y garantizar  la plena  reparación del daño.

Los llamados pubers o sea los que están entre 14 y 18 años se someterán al Sistema de Responsabilidad para Adolecentes (artículo 139 y siguientes del Código de la Infancia y Adolecencia) y los mayores de 18 años que aún continúan en el plan de educación básica o media e incurren en acciones delictivas, sí serán sometidos a la justicia penal ordinaria.

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